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Tras el 8M, advierten que no hay avances en las políticas de género provinciales

Por Jorgelina Naveiro.
Pese a que se registra un crecimiento de los femicidios en el territorio bonaerense, María Eugenia Vidal tiene estancado el Plan Integral de Género anunciado en 2016.

Los femicidios volvieron a crecer en la Provincia: en 2017 una mujer fue asesinada cada cuatro días. El año pasado se denunciaron 98 casos contra los 90 que se habían producido en 2016, según los datos de la Procuración General. ¿Cuáles son las políticas públicas que está aplicando el gobierno provincial? Un repaso por el Plan Integral de Género puesto en marcha hace más de un año y medio por la gobernadora María Eugenia Vidal muestra pocos avances y muchos cuestionamientos por precarización laboral, vaciamiento y un “enfoque individualista” que no ataca la cuestión de fondo.

El programa fue anunciado en junio de 2016 y está a cargo de la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos conducida por Santiago Cantón. Desde diciembre, la implementación del plan está a cargo de Agustina Ayllón.

La medida más promocionada del plan oficial fue el lanzamiento provincial de la línea 144, que venía a concentrar en ese número nacional las llamadas que se recibían hasta entonces en el 0800-555-0137 y el 136. La unificación del canal de atención se completó en 2017 y llegó de la mano de un nuevo call center que pasó de tener 15 a 70 operadoras especialmente seleccionadas para atender las llamadas de mujeres que sufren violencia de género en la Provincia.

Paradójicamente, la 144 se convirtió en eje de denuncias, pero de sus propias trabajadoras, por precarización laboral y violencia psicológica. Estas mujeres también pararon el 8M para visibilizar esa situación. Es que los nuevos ingresos se produjeron a través de Provincia NET, una empresa del Grupo Bapro que firmó convenio con la Secretaría de Derechos Humanos. Las operadoras tienen contratos de 90 días, trabajan seis horas diarias en las que atienden un promedio de 21 llamadas de altísima intensidad, ganan entre 12 mil y 15 mil pesos, y denuncian un estricto “control de calidad” que mide hasta el tiempo que demoran en el baño.

“Los contratos fueron firmados con el argumento de la emergencia y deja a las operadoras encuadradas como empleadas de Comercio. También hay trabajadoras, las coordinadoras, que son monotributistas. Más del 90% en la línea tiene una contratación que es fraudulenta”, contó a Tiempo la delegada de ATE en la 144, Verónica Misseri. Y agregó: “Nuestra preocupación es, principalmente, cómo se fortalece una política pública que tiene su personal en esta situación de inestabilidad y de falta del reconocimiento profesional que corresponde ya que todas las operadoras fueron elegidas por su perfil profesional, su trayectoria, y además fueron capacitadas para la atención de una línea telefónica de violencia”.

A la precarización laboral se le suma la violencia psicológica. Las trabajadoras aseguran que con la llegada de Ayllon, la nueva subsecretaria de Género, se incrementaron los controles de calidad en la atención. “Esto se tradujo en un monitoreo del tiempo de logueo, de las llamadas y hasta de cuánto tiempo debería pasar una operadora en el baño. Nos parece inaudito que en un servicio de atención a mujeres en situación de violencia se tome este tipo de controles”, señaló Misseri. Y amplió: “Una cosa es este servicio y otra es un call center de venta, por ejemplo y sin desmerecer, que es otro tipo de trabajo. Nosotros defendemos un espacio donde la mujer pueda recibir una contención, un asesoramiento y eso no se puede cronometrar porque cada situación es particular”. El gobierno se mantiene en silencio: frente a la consulta de Tiempo, desde la Secretaría de DD HH prefirieron no hacer declaraciones.

Otra pata central del Plan de Género es la construcción de nuevos refugios para las víctimas de violencia. Vidal anunció en enero que quiere llegar a 50 refugios en 2019 y que hoy existen 44 en funcionamiento. Hay dos a nivel provincial: uno en Ensenada, que se remodeló y reinauguró en septiembre de 2017, y otro en Moreno que estaba tomado, fue desalojado, pero todavía sigue sin funcionar. En el informe de gestión 2017 de la Secretaría se menciona que los nuevos hogares “se desarrollarán a lo largo de 2018” en los municipios de Quilmes, Morón, La Plata, San Miguel, Lanús, Junín y General Rodríguez, sin más detalles.

Trabajadoras de los refugios nucleadas en ATE, que prefirieron mantener en reserva su identidad por miedo a perder el trabajo, explicaron a este diario que “funcionan 30 refugios y que sólo la mitad lo hace con personal presente” en el lugar. También aseguran que los refugios no están cumpliendo con su función específica de atender a mujeres en situación de riesgo, sino que muchas veces sólo se aloja de paso a quienes tienen un problema habitacional y por eso reclaman a las autoridades la puesta en marcha de “hogares intermedios” para esos casos.

Otra medida incluida en el plan es la entrega de tobilleras electrónicas para impedir que el agresor pueda acercarse a la vivienda de la víctima y así evitar que viole la restricción ordenada por la Justicia. Desde 2016 a la fecha, sólo se entregaron cuatro como parte de una prueba piloto que se lleva adelante en el municipio de San Martín.

Entre las críticas que recaen sobre Vidal por sus políticas de género también está la falta de aplicación de dos leyes clave en la materia. Una es la de cupo laboral trans en el Estado –Ley Diana Sacayán– que fue aprobada en 2015 pero sigue sin ser reglamentada. Hasta ahora sólo un municipio, el de Necochea, resolvió aplicar el cupo por iniciativa propia e incorporó a dos trabajadoras trans, el viernes pasado. La otra norma es la 14.603 que crea el Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUC). El gobierno aprobó la reglamentación en octubre del año pasado, pero el registro sigue en veremos. En el informe de gestión de la Secretaría se asegura que está “en proceso de desarrollo una plataforma online que dará soporte informático” al registro.

Tampoco está claro cuál es el presupuesto destinado a las políticas de género. Tanto desde la oposición como desde organismos públicos, como el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo, pidieron informes para saber cuánto y cómo se invirtió en el plan en 2017, pero hasta ahora no obtuvieron respuestas. «

Dos medidas bajo la lupa opositora

A fines de enero, Vidal anunció dos nuevas medidas en materia de género: la implementación de la app Provincia para realizar denuncias desde el celular sin tener que ir a la comisaría. La otra medida fue la implementación de un Fondo de Emergencia de hasta 7500 pesos para cada mujer que sufre violencia de género. Si bien se trata de avances, las medidas son criticadas por insuficientes y porque no dan respuesta a la cuestión de fondo.

“Lo que vemos es que la política pública en la Provincia se concentra en la emergencia y en el abordaje individual de la violencia de género, que promueve la denuncia en sede policial y judicial para que algunos dispositivos y mecanismos del Estado se pongan en funcionamiento”, explicó Laurana Malacalza, titular del Observatorio de Violencia de Género, un organismo que funciona dentro de la Defensoría del Pueblo bonaerense y que tiene como objetivo monitorear las políticas públicas en la materia.

La funcionaria sostuvo que “no hay una política de reparación ni de atención integral”, y explicó que eso significa “contar con los recursos económicos y sociales para construir un proyecto de vida libre de violencia. Una mujer que vive en un contexto de violencia no sólo necesita tramitar su causa o tener oficinas donde denunciar sino que necesita pensar un proyecto de vida propio y para eso necesita acceder al empleo y la vivienda, que el Estado le garantice las instancias de cuidado de sus hijos. En la Provincia no existe ningún programa de acceso al empleo para mujeres ni para víctimas de violencia”.

“Lo que pasó el jueves y los reclamos del 8M y lo que planteamos desde el movimiento feminista es un abordaje mucho más estructural de las condiciones de vida y de cómo nos impactan a las mujeres las políticas económicas y sociales. Frente a esos reclamos masivos, el abordaje de las políticas públicas se ha quedado con una mirada muy reducida del problema”, concluyó Malacalza.

Desde Unidad Ciudadana, la titular del bloque de Diputados, Florencia Saintout, consideró que las políticas de género directamente no están en la agenda de Vidal. “No hubo una sola mención al tema en la apertura de sesiones. Hay un déficit que también es el agravamiento de las políticas de un gobierno que hace que aumente el desempleo y que eso impacte aún más en las mujeres”, dijo y agregó que “hay cuestiones que no son interpretables como que no se esté aplicando el protocolo del aborto legal”.

También criticó la app para denuncias. “Se presenta como una gran política pero no hay campañas, no hay información, no quedan registros de esas denuncias”, dijo y explicó que desde el bloque que preside se presentaron una serie de proyectos, en su mayoría pedidos de informes al Ejecutivo sobre paridad de género, cupo laboral trans, Educación Sexual Integral en las escuelas, y la no entrega de DNI a niños trans.

 

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