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Denuncian un recorte a $ 67 millones para políticas contra la violencia de género

Varias organizaciones presentaron una demanda contra al poder Ejecutivo tras el anuncio Marcos Peña, quien invocando facultades extraordinarias, decidió reducir el presupuesto al consejo Nacional de Mujeres y al plan de acción contra la violencia de género.


Son 6 organizaciones las que  fueron afectadas por la decisión administrativa del pasado 11 de enero, por la cual se distribuyo los créditos presupuestarios, dejando sin efecto lo aprobado en noviembre pasado en el congreso nacional donde sobre un presupuesto de 96 millones se adjuntaba un adicional de 20 millones y una linea presupuestaria de 47 millones para ejecutar y planificar el primer año del plan contra la violencia contra mujeres con diversos caminos para disminuir las consecuencias.

La marcha atrás significo volver al presupuesto inicial de 96, dejando poco margen de acción para llevar a cabo lo planificado.

“Más allá de estas incontinencias en la real aplicación de la intención de  cuidar los derechos de la mujer como se dice públicamente, lo que realmente necesita el consejo nacional de mujeres es mayor autonomía de la que tiene dependiendo de consejo coordinador de políticos sociales, tanto presupuestaria como de acción para poder llevar a a cabo el plan y la real aplicación de una política sobre este asunto. Necesitamos una respuesta rápida” afirman desde las organizaciones encabezadas de la comisión nacional de la mujer que vio en la acción de amparo el único recurso legal ante el incumplimiento de lo acordado.

La gacetilla indica que “la acción de amparo fue presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (CAREF), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21. “Decidimos recurrir a la Justicia no sólo para revertir la sustracción ilegal de las partidas del PNA y del CNM, sino también para que se establezcan los mecanismos de monitoreo para la ejecución del presupuesto que impedirán que esta situación se repita”, explicaron.

En el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año 2017, no era posible identificar una partida destinada al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que según los anuncios realizados requería fondos por 47 millones de pesos para su primer año de ejecución (excluyendo los fondos necesarios para el plan de construcción y equipamiento de los Hogares de Protección Integral). Además, en el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional el presupuesto asignado al CNM se reducía un 8% en términos reales, si se tomaba en cuenta la inflación prevista por el propio Poder Ejecutivo. Diversas organizaciones hicieron en ese momento una presentación ante el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, para señalar estas áreas centrales de preocupación. El presupuesto votado por el Congreso en horas de la madrugada del 3 de noviembre incorporó cambios sustanciales en línea con los señalamientos realizados por las organizaciones. Finalmente, según el artículo 16 de la Ley de Presupuesto N° 27.341, se aprobó una asignación adicional de $20.000.000 al CNM (pasando de $96.500.250 a $116.500.250). En segundo lugar, se agregó al Presupuesto nacional una línea presupuestaria específicamente destinada a las acciones contempladas en el PNA para el 2017, por la suma de $47.000.000. 

 En el texto presentado a la Justicia las organizaciones exigen se ordene al Poder Ejecutivo Nacional que reafecte los 47 millones de pesos correspondientes al PNA, y que restituya los 20 millones de pesos desafectados al CNM, partidas sustraidas de forma ilegítima. Para las ONG “resulta inaceptable que en el contexto actual, en el cual desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia contra las mujeres y se clama por políticas estructurales que reviertan el problema, el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios a políticas contra la violencia de género”.

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